CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS CON EL SECTOR PUBLICO

CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS CON EL SECTOR PUBLICO

El pasado 9 de noviembre se publicaba en el BOE una nueva Ley de Contratos con el Sector Público, una ley que nace con el fin de trasponer al ordenamiento español las directivas europeas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/ UE de 26 de febrero de 2014.
La norma ha causado profundo cambio normativo con el objetivo de establecer un sistema de contratación del y con el sector público más transparente, íntegro y eficiente y para ello introduce notables modificaciones legislativas, de las que destacamos las siguientes:

– Extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, incluyendo a la contratación efectuada con partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y asociaciones y fundaciones en las que su financiación y control sea mayoritariamente público.

– Inclusión de nuevos tipos de contratos despareciendo el contrato de gestión de servicio público y, en sustitución de este, introduciendo el contrato de concesión de servicios en los que el concesionario asume el riesgo operacional. Igualmente se elimina la colaboración público-privada y se regula el contrato mixto, los contratos de obra, suministros y servicios, y los contratos en los sectores del agua, energía, transporte y servicios postales.

– Medidas destinadas a facilitar el acceso de las PYMES a la contratación mediante el fraccionamiento de los contratos en lotes, haciendo prevalecer la mejor calidad-precio como criterio de adjudicación frente a la antigua ley en la que primaba la oferta más ventajosa, todo ello con el objetivo de reducir las cargas administrativas.

– Medidas de fomento de la transparencia y contra la corrupción suprimiendo el negociado sin publicidad, y con ello establece un nuevo régimen de publicidad.

– Nuevos procedimientos de adjudicación como el abierto simplificado, el procedimiento negociado y el procedimiento para la asociación para la innovación. Asimismo, se suprimen las instrucciones de contratación para establecer un sistema mas dinámico de adjudicación.

– Inclusión del uso de medios electrónicos para facilitar lo máximo posible el flujo de información.

– Creación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, totalmente independiente que deberá supervisar a los adjudicadores del sector público en materia de contratación pública.

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