LA NUEVA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LEY 39/2015)

LA NUEVA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LEY 39/2015)

Entre los últimos coletazos legislativos de 2015, se encuentran la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas leyes vienen a regular las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos y en el seno de ella misma, respectivamente. De esta forma, la regulación unitaria que encontrábamos en la Ley 30/1992, se divide en dos, adecuándose, en parte, a los nuevos tiempos que corren, en donde es plausible la especialización normativa.

En este post, vamos a señalar las novedades más significativas y relevantes en la práctica de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (o, como se ha venido a denominar, la L-PACA). Al tener menos virtualidad práctica para los ciudadanos, dejaremos el repaso a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para un momento posterior.

La primera palabra que viene a la mente tras la lectura de la ley es “electronificación”, término ya consolidado en la doctrina mercantilista, y que impregna toda la nueva regulación administrativa.

Ello implica que tanto la propia Administración como los administrados han de utilizar los recursos electrónicos en sus relaciones y en todo lo relacionado con el expediente administrativo. La obligación de uso de medios electrónicos se intensifica para las personas jurídicas y profesionales, que pasan a estar obligados a relacionarse con la Administración por estos medios. Igualmente, los documentos deberán digitalizarse y deberá emplearse la firma electrónica. No obstante, esta cuestión de la “electronificación” debe tomarse con cautela, puesto que supone una gran inversión en medios e infraestructura tecnológica para la Administración Pública que, como bien es sabido, no dispone de excesivos recursos para ello. Por tanto, coexistirán las formas tradicionales con las tecnológicas, hasta que se produzca la total adecuación del sistema público a las previsiones legales.

En línea con lo anterior, se habilitan nuevos medios para acreditar la representación, previendo la ley la creación de Registros generales de apoderamientos, y facilitando el uso de los medios electrónicos para estos usos. También se establece la notificación electrónica, con todos los problemas o conflictos que ello puede generar, además de dejar obsoleta toda la doctrina jurisprudencial consolidada sobre las notificaciones.

Además de la posibilidad de errores informáticos, que la ley no contempla y que puede generar numerosos problemas en la práctica, la ley introduce una de las prescripciones más controvertidas: la notificación electrónica se entenderá practicada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Sobre esta cuestión, pese a sus buenas intenciones, habrá que esperar hasta que los órganos administrativos y, especialmente, los Tribunales, determinen su opinión al respecto, y en qué casos se entiende correcta o incorrectamente practicada la notificación. Sin embargo, la notificación electrónica será solo una alternativa, manteniéndose la tradicional, la cual además goza de una concreción en su forma muy beneficiosa para los administrados: “en el caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación” (art. 42.2), recogiendo con ello la tesis jurisprudencial sostenida por el propio Tribunal Supremo.

Otro de los cambios que más llama la atención es que se califican los sábados como inhábiles, a la hora del cómputo de los plazos administrativos, igualándolos así a los plazos procesales, con buen criterio por parte del legislador.

También se habilitan plazos en horas, en concordancia con la posibilidad de presentación electrónica, que conlleva la posibilidad de presentar cualquier documento o recurso a la Administración por vía telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por último, señalar que se elimina la necesidad de reclamación administrativa previa en la vía laboral y civil (aunque con matices), y que se fomenta la presentación de denuncias mediante la exención del pago de la multa al denunciante que hubiese participado en la infracción y delate al resto aportando pruebas suficientes (del mismo modo en que se hace en el Derecho de la Competencia).

La ley entrará en vigor al año de su publicación, esto es, el día 2 de octubre de 2016.

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