PUBLICADO EL REAL DECRETO LEY 8/2014 DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA

PUBLICADO EL REAL DECRETO LEY 8/2014 DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA

El pasado sábado, día 5 de Julio, se publicó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que incluye una serie de medidas para ejecutar el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuyos objetivos son aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados, mejorar el acceso a la financiación y fomentar la empleabilidad y la ocupación.

Además se avanzan algunas medidas de la reforma fiscal. Su contenido más destacado puede resumirse así:

1. Medidas de impulso de la actividad económica:

Financiación de la actividad económica: Se adapta el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME) estableciéndose dos tipos de medidas:

a) La posibilidad de proporcionar, a través de intermediarios financieros, financiación en condiciones preferentes a las empresas para sus proyectos de inversión y necesidades de liquidez y

b) Proporcionar a las entidades financieras españolas garantías de alta calidad que favorezcan la internacionalización de la empresa española.

Además se establece un Programa de garantías del ICO para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española, las cuales gozarán de la garantía directa, explícita, incondicional e irrevocable del Estado.

Por otra parte, respecto a los préstamos a las entidades locales por el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se les permite cancelar dichas operaciones antes de iniciar la amortización del principal de la deuda contraída, siendo posible su sustitución cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos.

Comercio minorista y unidad de mercado: Se refiere de forma expresa a la regla general de no sometimiento a autorización administrativa en la apertura de establecimientos comerciales, sustituida por una declaración responsable o comunicación previa; se regulan los traslados y ampliaciones de los establecimientos; se incluyen todas las actuaciones de la autorización comercial en un único procedimiento que será competencia de una sola autoridad, a determinar por las Comunidades Autónomas, y cuyo plazo de resolución se reduce a tres meses; y se profundiza en la liberalización de horarios comerciales, modificándose la regulación de la declaración de zonas de gran afluencia turística mediante la introducción de nuevos criterios y revisando aquéllos que condicionan una declaración obligatoria.

En materia de cinematografía, se suprime la obligación de inscripción de las empresas productoras y distribuidoras en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o en el equivalente de las Comunidades Autónomas; se sustituye por una comunicación la inscripción de los titulares de las salas de exhibición cinematográfica; se aprueba una revisión del régimen jurídico del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales; y se mantiene la previsión de que las inscripciones efectuadas por los registros de empresas cinematográficas y audiovisuales autonómicos conllevan su inscripción en el registro del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, pero reconociéndose la posibilidad de un acceso voluntario a dicho registro.

Límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta: se regulan los límites máximos de las tasas exigibles en las operaciones de pago que se realicen en terminales de punto de venta situados en España, por medio de tarjeta de débito o de crédito, con independencia del canal de comercialización utilizado, siempre que sea necesario el concurso de proveedores de servicios de pago establecidos en España.

Así, para las operaciones efectuadas con tarjeta de pago la limitación máxima es del 0,2% en débito y 0,3% en crédito; para pagos inferiores a 20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito, y adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.

Y se prohíbe expresamente a las empresas beneficiarias del pago que trasladen al cliente final u ordenante del pago cualquier gasto o cuota adicional por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito. Asimismo, se incluyen obligaciones de información al Banco de España por los proveedores de servicios de pago y se encomienda al Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica el seguimiento de la aplicación de estas limitaciones, que tendrá lugar a partir del 1 de septiembre de 2014.

 

2. Infraestructuras y transporte:

Aviación civil: se incorpora el marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de interés general de Aena, S.A. Se establece la integridad de dicha red, el régimen al que quedan sometidos los servicios aeroportuarios básicos y las características y condiciones que debe ostentar para garantizar los objetivos de interés general. Los ingresos del gestor aeroportuario ligados a los servicios aeroportuarios básicos tienen naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas. La gestión de los servicios aeroportuarios no esenciales, así como la gestión comercial de las infraestructuras o su explotación urbanística, quedan sujetas al libre mercado. El instrumento que establece las obligaciones concretas derivadas de este marco es el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Se regula la obligación de mantenimiento; la fijación de los niveles de calidad del servicio y de los estándares de capacidad de las infraestructuras aeroportuarias integradas en la red, así como el régimen de las condiciones mínimas de servicio de dichas infraestructuras, el régimen de inversiones, y los ingresos máximos por pasajero, que reconocerán solamente los costes que sean eficientes, no discriminatorios y objetivos, a través del DORA; el procedimiento para aprobar y modificar la cuantía de las tarifas aeroportuarias y las condiciones de transparencia y consulta para su fijación; y el procedimiento sancionador en materia de regulación aeroportuaria. Y se establece el régimen jurídico específico aplicable a las aeronaves pilotadas por control remoto y a las actividades por ellas desarrolladas. Por otra parte, se articulan las competencias en materia del espacio aéreo; se prohíbe la realización en el entorno aeroportuario de conductas que impliquen riesgos, como el uso de elementos, luces, proyectores o emisiones láser; se actualiza el régimen de las infracciones en relación con la gestión de afluencia de tránsito aéreo; se adapta la normativa nacional a la normativa comunitaria de cielo único; y se establece el régimen de silencio administrativo negativo.

Mejora de la competitividad en el sector portuario e incremento de la inversión privada en infraestructuras portuarias: se incrementa el plazo de las concesiones demaniales portuarias, elevándolo al límite máximo de 50 años y regulando el derecho transitorio respecto a la ampliación del plazo de concesiones ya otorgadas; se introduce un nuevo supuesto de prórroga extraordinaria asociada a la contribución para la financiación de infraestructuras de conectividad portuaria y mejora de las redes de transporte de mercancías; se crea el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria; y se levanta la prohibición de destinar a uso hotelero, a albergues u hospedaje determinadas infraestructuras portuarias en desuso, situadas dentro del dominio público portuario y sujetas a protección por formar parte del patrimonio histórico.

 

3. Medidas urgentes en el ámbito energético:

Gases licuados del petróleo: se actualiza la obligación de suministro a domicilio para asegurar que los consumidores que lo soliciten tengan a su disposición en su propio domicilio gases licuados del petróleo envasados. Se recoge el ámbito de aplicación de los precios máximos de venta al público, liberalizándose el precio de venta de los gases licuados del petróleo envasados en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, que tengan una tara inferior a 9 kilogramos. Cuando el operador al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario no disponga de envases cuya tara sea superior a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario a los precios máximos de venta regulados se extenderá a envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspondiente ámbito territorial.

Sostenibilidad económica del sistema de gas natural: las actuaciones de las Administraciones Públicas y los sujetos que realizan actividades reguladas en el sector del gas natural estarán sujetas al principio de sostenibilidad económica y financiera. Con la finalidad de corregir el desajuste entre ingresos y gastos del sistema gasista, se actualiza el marco regulatorio de la retribución de las actividades reguladas. Se establecen restricciones tasadas a la aparición de desajustes temporales anuales, estableciendo como mecanismo de corrección la obligación de revisión automática de peajes y cánones si se superan determinados umbrales. Los ingresos generados por el uso de las instalaciones deben satisfacer la totalidad de los costes del sistema. Se fijan periodos regulatorios de seis años para establecer la retribución de las actividades reguladas, con la posibilidad de ajustes cada tres años de los parámetros retributivos del sistema. Se incorpora el sistema retributivo para las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento básico de gas natural. Y se establece una metodología de cálculo común para todas las instalaciones de la red básica.

Otras medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos y minas: se refiere a la separación de actividades de los gestores de la red de transporte, al procedimiento de designación de los gestores de los redes de transporte y a la separación funcional de los distribuidores pertenecientes a grupos verticalmente integrados con intereses en comercialización. Por otra parte, se modifica la Ley de Minas para adaptarla al nuevo sistema geodésico y a las nuevas referencias cartográficas. Y se clarifica el sistema geodésico de referencia de aplicación a la exploración, investigación y producción de hidrocarburos.

Medidas en materia de eficiencia energética: incluye un sistema de obligaciones para las empresas comercializadoras de GAS Y ELECTRICIDAD, para los operadores de productos petrolíferos al por mayor y para los operadores de gases licuados del petróleo al por mayor, creándose el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética que asignará a los sujetos obligados al mismo una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro. El objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados, así como las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera, serán fijados anualmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se regula el cumplimiento de estas obligaciones y se habilita al Gobierno para establecer un sistema de acreditación de ahorros de energía final mediante la emisión de Certificados de Ahorro Energético. Asimismo, se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, que permitirá la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética. Se detalla su organización, gestión, control y dotación económica. Los proveedores de servicios energéticos deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones. Y se incorpora el régimen de infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética.

 

4. Medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación:

Sistema nacional de garantía juvenil: se regula el régimen general del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, cuya finalidad es que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas, así como el procedimiento de inscripción acceso, rectificación, cancelación, oposición y atención a los beneficiarios del mismo.

Se incluyen otras medidas de apoyo a la contratación como la bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros, durante un máximo de seis meses, por la contratación con carácter indefinido de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o el fomento del uso de los contratos formativos celebrados con dichas personas o la inclusión de dicho colectivo de jóvenes en determinados incentivos a la contratación previstos en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Medidas en materia de políticas activas de empleo: se adapta la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, al nuevo modelo de políticas activas de empleo y a la Estrategia Española de Activación para el Empleo. Se reorganizan las actuaciones de políticas activas; se cambia la terminología de las «medidas» y «acciones» de políticas activas, distinguiéndose entre «servicios» y «programas»; y se da forma y contenido a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Modificaciones en materia de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación: se modifica la normativa reguladora de las empresas de trabajo temporal, suprimiendo toda limitación relativa al ámbito territorial de actuación o cualquier exigencia de ampliación de autorizaciones. Concedida la autorización, no es necesaria prórroga o renovación alguna si la empresa sigue cumpliendo los requisitos legales. Y se amplían las actividades que van a desarrollar, incluyendo las de formación para la cualificación profesional y de consultoría y asesoramiento de recursos humanos. Respecto a las agencias de colocación, se suprime la exigencia de autorización previa para el ejercicio de la actividad, sustituyéndola por una declaración responsable.

Otras medidas en el ámbito de la economía social y del autoempleo: se extiende a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales, las reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida.

 

5. Medidas fiscales:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos se declara exenta la ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente; con efectos desde el 1 de enero de 2014, se permite la compensación de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales; se establece un tipo reducido de retención del 15% para los contribuyentes que realicen actividades profesionales cuando en el ejercicio anterior los rendimientos íntegros obtenidos hubieran sido inferiores a 15.000 euros, siempre que, además, estos rendimientos representen más del 75% de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y trabajo.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, se introduce una exención para las personas físicas que transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Impuesto sobre los depósitos en las Entidades de Crédito: con efectos desde el 1 de enero de 2014, se establece un tipo de gravamen del 0,03%, cuya recaudación será destinada a las Comunidades Autónomas donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las que se mantengan los fondos de terceros gravados. Y se introducen mejoras técnicas en la configuración de la base imponible.

 

6. Otras medidas:

– Se modifica la Ley de la carrera militar respecto a la incorporación a la escala de oficiales y se regula la oferta de plazas.

– Se autoriza la formalización a Presupuesto de los anticipos efectuados en el año 2013 para atender las aportaciones a la Unión Europea por recurso Renta Nacional Bruta (RNB) y pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2013.

– Se habilita a la Autoridad Responsable de Seguridad para que emita de recomendaciones o especificaciones técnicas durante el proceso de redacción del nuevo Reglamento de Circulación Ferroviario.

– Respecto a las ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca, se recoge la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, amplíe el objeto del crédito incluyendo la ejecución de actuaciones de reconstrucción y ampliación de infraestructuras municipales.

Se prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo sistema. LA COMPETENCIA PARA LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL SE ATRIBUYE A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES QUE TENGAN A SU CARGO LAS OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL. Hasta que sean asumidas, las actuaciones a realizar corresponderán a los Jueces y Magistrados que hasta ese momento tuvieran la condición de Encargados del Registro Civil, o a los Secretarios, por delegación de aquellos de la capacidad de certificación. Se establece el control por el Estado de los sistemas de información y aplicaciones que sirvan el Registro Civil y se encomienda a un medio propio de la Administración, u otra unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia, lo referente a la preparación de los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas necesarias para que el sistema pueda cumplir los requisitos de seguridad, así como para la contratación del mismo.

– Y se reconoce una bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional.

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