Reforma de la Ley General Tributaria; Gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas con la Agencia Tributaria; Aspectos fiscales contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2016

Reforma de la Ley General Tributaria; Gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas con la Agencia Tributaria; Aspectos fiscales contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2016

Ante la nueva actividad normativa acontecida a lo largo del último mes en materia tributaria, resumiremos a continuación algunos de los conceptos más significativos introducidos con la reforma de la Ley General Tributaria; modificaciones en la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas con la Hacienda  Pública; aspectos fiscales recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

En cuando al primer concepto a tratar, con fecha 22 de septiembre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 34/2015, de 21 de septiembre con la que se realiza una modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y que entrará en vigor 20 días después de su publicación, es decir el 12 de octubre excepto lo relativo a la obligación de llevanza y aportación de los libros de forma periódica y por medios telemáticos que no lo hará hasta el 1 de enero de 2017. Con esta modificación se completa el proceso de reforma fiscal iniciado el pasado año.

Los objetivos de esta reforma son incrementar la seguridad jurídica de los obligados tributarios y de la Administración mediante las normas tributarias; incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos aprovechando mejor los recursos a disposición de la Administración y reduciendo la conflictividad; prevenir el fraude fiscal, potenciando la lucha contra el fraude e incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Aquí profundizaremos en algunas de las medidas adoptadas de mayor relevancia.

En lo relativo a la lucha contra el fraude, se han adoptado algunas medidas, como:

La ampliación de potestades de investigación y comprobación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos, fijándose un plazo de 10 años para comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar y  deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.

Se refuerza la regulación del método de estimación indirecta en cuanto a sus bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar en cuanto a signos, índices o módulos y su aplicabilidad para la determinación tanto de gastos como de ingresos, lo que supondrá un mejor instrumento contra la economía sumergida.

Publicidad de deudores con la Hacienda Pública de mayor cuantía y de condenados por delito fiscal, autorizándose la publicación de listados de contribuyentes con deudas y sanciones pendientes por importe superior a un millón de euros, que no se hubiesen pagado en el plazo de ingreso voluntario, salvo que estén aplazadas o suspendidas. Se incluirá en la publicación la identificación de los deudores, del proceso, la pena y el importe conjunto de deudas y sanciones pendientes. La nueva norma concede a los interesados un plazo de diez días para tramitar alegaciones, antes de la publicación en la lista pudiéndose rectificar antes de su publicación.

Este primer listado se producirá en el cuarto trimestre de este año y se publicará por medios electrónicos, posteriormente se hará en el primer semestre de cada año natural con aquellos contribuyentes que estén en la situación enunciada a 31 de diciembre del año previo. Por otro lado, la publicación de las sentencias no será completa, respetándose los derechos fundamentales al honor y a la intimidad y la protección de datos de carácter personal.

Se introduce una nueva infracción tributaria grave por conductas artificiosas o fraudulentas para profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal, o estructuras artificiosas destinadas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto en las normas tributarias. De esta forma se establecerá sancionable:

–  Falta de ingreso en el plazo establecido en la normativa de cada tributo, del total o parte de la deuda tributaria: multa pecuniaria del 50% de la cuantía no ingresada.

–  Obtención indebida de una devolución: multa pecuniaria del 50% de la cantidad devuelta de forma indebida.

–  Solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal: multa pecuniaria del 15% sobre la cantidad solicitada indebidamente.

–  Determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o cuota de declaraciones futuras: multa pecuniaria del 15% de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas si son partidas a compensar o deducir de la base imponible, o del 50% si son partidas a deducir en la cuota de créditos tributarios.

En cuanto al procedimiento de comprobación limitada, para facilitar la protección de derechos del obligado tributario, la Administracion puede realizar únicamente determinadas actuaciones como el examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa y permitiendo a los contribuyentes aportar la documentación contable que crean pertinente para acreditar la contabilización de determinadas operaciones, voluntariamente y sin requerimiento previo.

Respecto al objetivo de reducir la conflictividad, se establecen cambios como:

Se amplía la facultad de los órganos de la Administracion Tributaria para dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias con carácter vinculante.

Se establece el anteproyecto de las obligaciones formales que harán efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) que comenzara el 1 de enero de 2017 con el que se implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales. Sólo será obligatorio para un colectivo de 62.000 contribuyentes, formado por grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual. El proceder, a priori, será el envío a la Agencia Tributaria por parte de los contribuyentes, los libro de registro de facturas emitidas y recibidas con lo que la Administración elaborará los datos fiscales a efectos de IVA de cada contribuyente, facilitando así la elaboración del impuesto e incrementando la seguridad jurídica y con ello eximiendo al contribuyente de las obligaciones informativas anuales. En este respecto entrará en vigor una nueva infracción por el retraso en la obligación de llevanza de los Libros Registro a través de la sede electrónica de la AEAT.

 Para incrementar la eficacia de la actuación administrativa,

Se aprueban medidas para agilizar la actuación de los Tribunales Económico-administrativos, promoviendo la utilización de medios electrónicos y mejorando la regulación de los procedimientos mediante algunas nuevas competencias, algunas de estas son: atribución al Tribunal Económico-administrativo Central la competencia para conocer reclamaciones respecto a actuaciones entre particulares cuando el domicilio fiscal del reclamante sea fuera de España; se potencia la unificación de doctrina entre tribunales; se simplifican las reglas de acumulación; se introduce la notificación electrónica; se acortan los plazos de resolución; se determina el plazo del que dispone la Administración para ejecutar resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo, se crea el nuevo recurso de ejecución; se reduce a seis meses el plazo de resolución del recurso extraordinario de revisión, entre otras.

Por último, para mejorar la seguridad jurídica:

Se amplían los plazos para el procedimiento inspector, ampliándolo a 12 meses prorrogable por otros 12, pudiendo ser 18 con carácter general y 27 en algunos casos concretos.

Se suspende el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite tasación pericial contradictoria.

Se reduce de 1500 a 200 euros la sanción por la presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos de declaraciones o autoliquidaciones cuando exista la obligación  de hacerlos por estos medios.

 NUEVA GESTION DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

En este sentido, se publica la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, con la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de 18.000 a 30.000 euros. El objetivo de esta orden es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del obligado al pago, ante dificultades económico-financieras transitorias y a la vez agilizar el procedimiento de gestión de estas solicitudes, impulsado su automatización.

Además se modifica la instrucción 4/2014 de 9 de diciembre para adecuarla al importe mencionado anteriormente, procediendo a determinar los plazos máximos de aplazamientos o fraccionamientos de pago exentos de garantía. Dicha modificación se establece mediante la Instrucción 6/2015 de 20 de octubre, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria que enuncia que en los supuestos de solicitudes suya resolución se realiza de forma automatizada y sin la necesidad de aportar garantías por no alcanzar el limite anterior de 30.000 euros, los plazos máximos posibles se establecerán como sigue, en función de la cuantía de la deuda:

IMPORTE DEUDA

PLAZO

Superior a:                *

Igual o inferior a:                    *

 

0

1.000

3 mensualidades

1.000

5.000

9 mensualidades

5.000

10.000

12 mensualidades

10.000

20.000

18 mensualidades

20.000

30.000

24 mensualidades

*importes en euros.

De esta forma se dictará el acuerdo según los plazos indicados, salvo que el obligado hubiese solicitado un número inferior de plazos, en cuyo caso se le concederá este.

Por último, y para dar paso a la siguiente cuestión que vamos a abordar, seguirá vigente la excepción de posibilidad de aplazamiento de las deudas por falta de ingreso de las retenciones de IRPF, que continúan siendo inaplazables.

Dicha orden entra en vigor con fecha 20 de octubre de 2015.

ASPECTOS FISCALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016

Para terminar, en el Boletín Oficial del Estado del 30 de Octubre, se publica la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Referente al ámbito tributario, algunas de las medidas a destacar son las que mencionaremos a continuación:

En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos desde el 1 de enero de 2016, tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del Rendimiento neto en estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura, la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él y se eleva el límite máximo, de 500 euros por persona, a 1.500 euros cuando alguna de estas personas tenga discapacidad, afectando este nuevo límite exclusivamente a quien cumpla dicho requisito. Esto mismo se traslada en la determinación del importe de la retribución del trabajo en especie exenta, por las primas satisfechas por el empleador a seguros de enfermedad del trabajador, cónyuge o descendientes menores de 25 años que convivan con él, de forma que cuando la persona objeto de dicha cobertura sea discapacitado, la exención pasara a 1.500 euros, frente a los 500 aplicables con carácter general.

 Se aumenta con carácter transitorio, para los ejercicios 2016 y 2017, la cuantía de algunas magnitudes que implican la exclusión del régimen de estimación objetiva, de las establecidas en la modificación de la Ley de I.R.P.F., de forma que los límites que se establecen en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades económicas excepto agrícolas, forestales y ganaderas, es de 125.000 euros de facturación anual, pasando a 250.000 euros si la facturación se realiza en más de un 50% a clientes particulares. En relación al régimen simplificado de IVA, el volumen de ingresos es el fijado anteriormente y establece como magnitud en función del volumen de compras de bienes y servicios, excluido el inmovilizado, en 250.000 euros anuales.

Con carácter general, pero que afecta al escenario tributario, se determina el interés legal del dinero en el 3% y el de demora en 3,75% para 2016.

Además se establece el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2016, en las siguientes cuantías:

–  IPREM diario: 17,75 euros

–  IPREM mensual; 532,51 euros

–  IPREM anual: 6.390,13 euros

–  En los supuestos en que el concepto salario mínimo interprofesional, ha sido sustituido por IPREM, la cuantía anual de este será de 7.455,14 euros cuando la norma se refiera al salario mínimo interprofesional en su cómputo anual, salvo que de forma expresa se excluyan las pagas extras, en cuyo caso la cuantía será la de 6.390,13 euros.

Para terminar y como nota curiosa, desde el 1 de enero de 2016, cuando el sujeto pasivo tenga la condición de miembro de familia numerosa, la cuantía de la tasa por expedición de DNI y pasaportes será de 0 euros.

 

No hay comentarios en este artículo

Publica un comentario

Comentario
Nombre
Email
Website